El Derecho Administrativo en España es la rama del Derecho Público que regula la organización, funcionamiento y actuación de la Administración Pública, así como las relaciones entre ésta y los ciudadanos.
Su objetivo principal es garantizar que la Administración actúe conforme a la ley, protegiendo los derechos de las personas y asegurando el interés general.
A diferencia del Derecho Civil, que regula relaciones entre particulares, el Derecho Administrativo se caracteriza porque una de las partes es siempre la Administración, que actúa con potestades especiales derivadas del poder público.
Naturaleza y función del Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo tiene una doble función esencial:
- Controlar la actuación de la Administración Pública, asegurando que sus decisiones se ajusten al principio de legalidad.
- Proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos o actuaciones arbitrarias de los poderes públicos.
De esta manera, el Derecho Administrativo busca el equilibrio entre la eficacia del poder público y la garantía de los derechos individuales.
Fuentes del Derecho Administrativo en España
Las fuentes del Derecho Administrativo se encuentran reguladas en la Constitución Española de 1978, en el Derecho de la Unión Europea y en las leyes nacionales.
Las principales normas son:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Reglamentos, disposiciones administrativas y jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Estas leyes son la base del Derecho Administrativo moderno, centrado en la transparencia, la buena administración y el servicio al ciudadano.
Principios generales del Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo español se rige por una serie de principios fundamentales que garantizan su correcta aplicación:
- Legalidad administrativa
Toda actuación de la Administración debe estar sujeta a la ley y al Derecho (art. 103 de la Constitución Española). - Eficacia, economía y servicio al ciudadano
La Administración debe servir con objetividad los intereses generales, actuando con eficacia y sometida al control judicial. - Transparencia y responsabilidad
Las Administraciones Públicas están obligadas a actuar de forma abierta y responsable, rindiendo cuentas de sus decisiones y gestionando adecuadamente los recursos públicos. - Proporcionalidad y buena fe
Las medidas administrativas deben ser adecuadas, necesarias y equilibradas, evitando cualquier exceso en el ejercicio del poder público.
Ámbitos y materias del Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo abarca un amplio conjunto de materias. Entre las más relevantes se encuentran:
👉 Actos administrativos
Son las decisiones unilaterales dictadas por la Administración en el ejercicio de sus funciones.
Ejemplo: concesión de licencias, sanciones, resoluciones o autorizaciones.
👉 Procedimiento administrativo
Regulado por la Ley 39/2015, establece los pasos que debe seguir la Administración para dictar actos válidos, garantizando la participación ciudadana y el derecho de audiencia.
👉 Régimen jurídico del sector público
La Ley 40/2015 regula la estructura, competencias y relaciones entre las distintas Administraciones Públicas (Estado, comunidades autónomas y entidades locales).
👉 Contratación pública
La contratación administrativa se rige por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que busca transparencia y concurrencia en el uso de fondos públicos.
👉 Responsabilidad patrimonial de la Administración
Los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (art. 106.2 CE y art. 32 de la Ley 40/2015).
👉 Función pública y empleo público
Regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad.
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Cuando un ciudadano no está de acuerdo con una actuación administrativa, puede impugnarla ante los tribunales a través del recurso contencioso-administrativo (habiendo agotado previamente la vía administrativa y sus correspondientes recursos).
Esta vía judicial, regulada por la Ley 29/1998, permite controlar la legalidad de los actos y disposiciones administrativas, garantizando la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
Evolución del Derecho Administrativo en España
El Derecho Administrativo español ha evolucionado desde una concepción autoritaria y burocrática hacia un modelo garantista y participativo, en línea con el Derecho europeo.
Las reformas introducidas por las Leyes 39/2015 y 40/2015 han modernizado el sistema, impulsando la administración electrónica, la simplificación de procedimientos y la transparencia en la gestión pública. Hoy en día, el Derecho Administrativo es una herramienta clave para lograr una Administración más eficiente, responsable y cercana al ciudadano. En definitiva, el Derecho Administrativo constituye la base del Estado de Derecho, asegurando que el poder público esté sometido a la ley y al control judicial.